Cintia Smith | Opinión | Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
En los últimos días se han difundido noticias sobre candidaturas de mujeres famosas para puestos de elección popular.
Las más sonadas hasta el momento se han dado en otros estados, pero no deja de generar malestar.
Lupita Jones por el PAN, en Baja California; Paquita la del Barrio por Movimiento Ciudadano, en Veracruz; y, más recientemente, Bibi Gaytán por el PAN, en el Estado de México.
Hay que aclarar que ésta no es una práctica exclusiva de los partidos en relación a las mujeres.
Para muestra está el caso del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y, en el actual proceso electoral, ejemplos de personajes públicos como Vicente Fernández Jr. o Ernesto D'Alessio.
Pero, en el contexto de la primera aplicación de las nuevas políticas de paridad, esta realidad es frustrante.
Una colega me argumentaba, con toda razón, que estas personas son ciudadanas mexicanas y tienen derecho legítimo a ser votadas.
Sin embargo, como reconoció la misma Paquita en el evento de su registro oficial, nunca se ha relacionado con la agenda pública.
La intención de los partidos al proponer a ciudadanas del mundo del espectáculo no es necesariamente llevarlas al ejercicio del poder.
Representa una estrategia a doble banda: por un lado, cumplir con las cuotas de paridad que establece la nueva legislación, y, por el otro, ganar un porcentaje de votos suficiente para acceder a curules en el Congreso por la vía de representación proporcional.
La indignación radica en que los partidos políticos, cuyas cúpulas están administradas por hombres, usan este mecanismo para seguir sacándole la vuelta a la entrada de mujeres con genuino interés para participar en política.
Son recurrentes las estrategias de los partidos de asignar a mujeres a distritos perdedores o limitarle su acceso a financiamiento, tanto para campañas como para el ejercicio de sus funciones.
Los esfuerzos realizados en Nuevo León por consolidar la agenda de paridad son dignos de destacar.
Colectivos como la Red Paridad NL y Derecho a Gobernar han dado una dura batalla para aterrizar la legislación federal de paridad de género a nivel local (cuestión que aún permanece pendiente).
Y, ante las resistencias de los partidos mayoritarios en el Congreso de Nuevo León, enfrentaron el camino judicial para reclamar este derecho.
Esta lucha de mujeres nuevoleonesas ha provocado sentencias históricas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ha llevado a que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León haya dado avances importantes en la operatividad del principio de la paridad política de género.
Algunas de esas mujeres no tienen aseguradas candidaturas en los partidos donde se han presentado previamente. Otras están luchando por abrirse espacios por primera vez en el mundo de la política.
La paridad de género, tanto en el Poder Legislativo, el Ejecutivo, como el Judicial, es una llave fundamental para emparejar las relaciones de género desiguales en todos los ámbitos de la sociedad.
Las grandes trasformaciones requieren de una validación legal que permita redefinir las reglas del juego. No hay más.
Este reclamo no se trata de una cuestión de preparación académica: todas las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho legítimo de votar y ser votadas y votados.
Sin embargo, es frustrante, particularmente en el caso de las mujeres, ver cómo se les abren espacios a personas famosas que nunca se han interesado en la agenda pública y, al mismo tiempo, se les limitan a mujeres que trabajan incansablemente por adquirirlos y ejercerlos.
La lucha por la paridad de género en la política, como en otras esferas, es larga y demandante. Cada victoria legal se tergiversa con prácticas informales de las cúpulas para seguir manteniendo el statu quo. Ésta es sólo una raya más al tigre, pero hay que denunciarla fuerte y claro.
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