La consulta popular arrojó que la mayoría de la población mexicana está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a los expresidentes del país
La Suprema Corte de Justicia de México declaró constitucional la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para ello, el Instituto Nacional Electoral deberá organizar, para agosto del 2021, la consulta donde se preguntará a la ciudadanía si se está o no de acuerdo con que la Fiscalía General de la República inicie investigaciones sobre los expresidentes.
La ley se vuelve un asunto sin compromisos de regularidad
El doctor Juan Manuel Ortega Riquelme, politólogo y director regional del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales región Ciudad de México, opina acerca del juicio a los expresidentes.
“Me parece que si algún presidente cometió un ilícito, éste se debe castigar. Claro, para eso hay que comprobar que se cometió ya que, al igual que todo ciudadano, un expresidente tiene derecho a la presunción de inocencia.
“Es decir, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Declarar un juicio a los exdirigentes es condenarlos sin pruebas por lo que pudieron o no haber hecho, de acuerdo con un individuo o un grupo de personas” señaló.
El director Ortega comparte que, desde su punto de vista, se trata de un acto muy grave y que se les estaría condenando sin que les sea comprobado un crimen.
De acuerdo con nuestro experto, este juicio es totalmente negativo ya que señala que la ley se usa como convenga; peor aún, se crean culpables sin que se haya comprobado y definido el crimen.
“Es una propuesta muy popular que viene desde el Ejecutivo, desde la presidencia de la República. ¿Por qué es muy popular? Porque la gente quiere que sean condenados por la razones que sean, son el chivo expiatorio perfecto de todos los males que afectan al país. Es decir, son los culpables de todo”, enfatizó.
El doctor comenta, además, que si las instituciones hubieran rechazado la propuesta, entonces el presidente habría quedado como un héroe al haber intentado llevar a la justicia a los expresidente, “la justicia del pueblo”, y mostrar que las instituciones creadas por los regímenes anteriores impiden una verdadera renovación.
“Es decir, el presidente queda bien al ser el “único” que quiere la justicia y las instituciones quedan mal al “proteger a los expresidentes”. Las instituciones no protegen a los expresidentes, protegen los procesos que dan certidumbre, que respetan la libertades y limitan el poder del Estado”, manifestó.
Los expresidentes podrían ejercer su derecho a la defensa
Por su parte el doctor Óscar De Los Reyes Heredia, director asociado del departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey campus Estado de México, comparte su opinión respecto de que cualquier acción en contra de alguna persona por la probable comisión de un delito, es una obligación del Estado.
“En este caso, la Fiscalía General de la República, es la institución facultada para realizar la investigación conducente y, en su caso, ejercer la acción procedente ante las autoridades judiciales competentes.
Esto significa que la facultad de la Fiscalía no es voluntaria. Por otra parte, ¿Qué hubiera pasado si, como resultado de la consulta popular, se expresara que no se debería enjuiciar a los expresidentes? ¿Sería la consulta un instrumento para consolidar la impunidad con la que presumiblemente se han conducido los exmandatarios?”, dijo.
El profesor Óscar enfatiza que si la consulta determinara su enjuiciamiento, los exmandatarios podrían ejercer su derecho a la defensa y, en este sentido, señala que habría que formularse otra pregunta: ¿La consulta es violatoria del principio de presunción de inocencia?
Si la respuesta fuera, como lo es, afirmativa, el profesor señala que se estaría vulnerando el derecho fundamental que impediría que cualquier juez pudiera pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona.
“No identifico ningún aspecto positivo de esta situación, por el contrario, la presunción de culpabilidad que se ha adjudicado a los expresidentes resulta lesiva de sus derechos fundamentales y desorienta a la ciudadanía”, puntualizó.
De acuerdo con el experto si bien la población ha percibido la impunidad en la que presuntamente se cometieron actos de corrupción que favorecieron a las élites y a los propios expresidentes, también desorienta a la sociedad en relación con los cauces constitucionales y legales para poder sancionarlas en el presente.
Finalmente, el profesor nos comparte que el impacto de la consulta a los expresidentes es que, en su particular estilo, el presidente coloca en la agenda un verdadero dilema que, estratégicamente, opera a su favor en la etapa preelectoral que vive el país.
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