Firma Tec de Monterrey convenio con Documenta, A.C. para generar líderes conscientes de los derechos humanos de las personas con discapacidad
Luis Mario García | campus Monterrey
En términos de ley las personas con discapacidad psicosocial o intelectual siguen enfrentándose a discriminación.
Ante esta problemática, el Tecnológico de Monterrey y Documenta A.C. firmaron un convenio de colaboración que permitirá buscará crear una mayor conciencia en el sistema de justicia y en la comunidad sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El acuerdo servirá para realizar actividades conjuntas de investigación e implementar un diplomado de 120 horas sobre la perspectiva de discapacidad y acceso a la justicia.
“Yo aspiro a que eventualmente tengamos un nuevo acuerdo como éste, en el que no solamente reconozcamos que tenemos una alianza y comprometimos tiempo, recurso y voluntades”, manifestó Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno.
El directivo firmó el convenio junto a María Sirvent, fundadora y directora de Documenta. A.C., Análisis y Acción para la Justicia Social, quien manifestó que que construir un programa de capacitación permanente dentro de una institución académica es muy valioso.
El diplomado va dirigido principalmente a la comunidad universitaria, organizaciones de la sociedad civil, personal de las instituciones de justicia y corresponsales.
La concepción del convenio fue un esfuerzo del Departamento de Derecho en la Región Norte.
DIAGNÓSTICO DE JUSTICIA
Documenta A.C. realizó recientemente un análisis sobre la situación del acceso a la justicia de personas con discapacidad en Nuevo León, cuyo diagnóstico revela la necesidad de llevar a cabo ciertas acciones principalmente encaminadas para reconocer a las personas como sujetos de derechos.
“El ámbito civil en NL, limita la capacidad jurídica de las personas con la figura de la interdicción”, indicó Sirvent.
Es decir, se le asigna un tutor a la persona que toma las decisiones por él, y esto no es lo más apto en ocasiones.
“El nuevo paradigma plantea que a las personas con discapacidad no se les puede sustituir su toma de decisiones, sino se le debe de apoyar en las mismas”, agregó la especialista.
En el sistema de justicia penal sigue presentando una vulneración a los derechos de personas con discapacidad, dijo Sirvent.
“En primer lugar, el uso de lenguaje discriminatorio, que atenta contra la dignidad de las personas. En segundo lugar, las disposiciones relativas a la inimputabilidad de las medidas de seguridad”, expresó.
Documenta, A.C. se fundó en el 2010 y desde entonces trabaja en diversos estados con el fin de fortalecer el respeto y protección de los derechos humanos en México, que en los últimos años se ha enfocado en las personas con discapacidad.
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